Unos 53 clubes de 58 que disputan los torneos de la Asociación Paraguaya de Fútbol (AP) firmaron la denuncia contra Cerro Porteño, por supuestos hechos de ofensas al honor y la deportividad e incitación a la violencia, respecto a los incidentes ocurridos en el encuentro Cerro Porteño-San Lorenzo, que tuvo lugar el pasado 1 de mayo, en la Nueva Olla.
Los 53 firmantes pertenecen a clubes que juegan en las divisiones de la Primera, Intermedia, además de la Primera B y C, mientras que, trascendió que los que no dejaron la rúbrica son 5: el propio Cerro Porteño, Libertad y Deportivo Capiatá (Primera), Independiente de Campo Grande (Intermedia) y Sportivo Limpeño (Primera C).
Libertad, Capiatá, Independiente de Campo Grande y Sportivo Limpeño son los clubes que no firmaron la nota de denuncia contra Raul Zapag y Ariel Martinez #Cerro @Futgol970AM https://t.co/btRhfzklzm
— Andrés Rolón (@AndresRolon86) July 11, 2019
La problematica
En aquella oportunidad, el cuarteto arbitral fue agredido en los pasillos que llevan al vestuario. Allí estuvieron personas que no debieron estar nunca, como dirigentes, auxiliares, utileros, médicos de inferiores e incluso aficionados, quienes agredieron a los árbitros e incluso fueron contra jugadores del Rayadito.
Luego del partido hubo declaraciones de grueso calibre contra el presidente Robert Harrison y la propia APF. Los cuatro árbitros fueron sancionados tras el “gol fantasma”.
El sumario es contra el presidente azulgrana Raúl Zapag y el secretario del club Ariel Martínez, a quienes corren traslado, como también al club Cerro Porteño, para que ejerzan sus derechos de defensa, dentro del plazo establecido, si así lo consideran.
Asimismo, el Tribunal puso a disposición de los dirigentes mencionados, la denuncia en la que se incorporan las pruebas ofrecidas por los denunciantes. Para seguir con el sumario se confirmó que los jueces serán los doctores Raúl Prono, César Diesel, Evert Esquivel, Manuel Fiador, Raúl Sapena, Diosnel Rodríguez y Silvino Benítez.
La directiva azulgrana prefirió no dar declaraciones hasta recibir y acceder a las documentaciones correspondientes.