Comentario: Por Rolando Vargas
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El mundo deportivo dirigencial se llena la boca pregonando el juego limpio en todos los escenarios para con los jugadores y aficionados, menos para sí mismo, que siempre goza de protección corporativa y rompe todas las normas jurídicas y humanas.
En un acto inconcebible, el club General Díaz violentó todos los derechos consagrados a los futbolistas, cesando en el pago de los salarios por seis meses, ignorando los preceptos de la Ley del futbolista y del Código Laboral, que establecen reglas claras al respecto.
Este hecho reprochable hizo que los jugadores del plantel principal junto a Futbolistas Agremiados del Paraguay (FAP) determinen no presentarse al partido ante Nacional, dejando un nefasto precedente. Pero al final apareció el dinero y los futbolistas aceptaron cumplir nuevamente con el compromiso de jugar.
Más allá del parche al conflicto, el citado club se expone a un perjuicio irreparable si los atletas afectados deciden utilizar el derecho que les asiste la ley, donde establece que que si el club no justificase la improcedencia del reclamo de pago o si no hiciere efectivo el depósito correspondiente dentro del término de la intimación, el jugador quedará automáticamente libre y el club obligado a pagar las remuneraciones devengadas reclamadas y las que hubiere tenido que percibir el afectado hasta la expiración del contrato.
Ante esta situación los futbolistas demostraron su carácter para soportar estoicamente el trabajar sin recibir la recompensa establecida por ley. Escucharon el compromiso del presidente Jorge González en reiteradas ocasiones que iba a honrar la deuda con la paga correspondiente. Cada día llegaron a los entrenamientos con el sueño de recibir el dinero, pero que nunca se cumplió. Las necesidades personales como familiares se profundizaron. Salvó el día a día, la solidaridad de los más solventes del grupo, pero tocó fondo y todo salió de control.
Ahora bien, qué pasa con la Asociación Paraguaya de Fútbol, entidad madre y protectora de los clubes asociados, que no ayuda para encontrar una salida decorosa y evitar un mal peor a General Díaz y al fútbol en general. Acaso no debe proteger a sus asociados y velar por los intereses de los jugadores, los verdaderos artífices de los éxitos de los clubes y de la propia matriz.
Igualmente, los futbolistas activos de los demás clubes se solidarizaron tímidamente de manera corporativa con sus pares que están sufriendo el injusto y denigrante abuso de su entidad, que ahora con su presidente quiere normalizar la situación, pagando una cuota y prometiendo otra la semana entrante, dependiendo del cobro de una deuda.
El atraso en el pago del sueldo es una realidad en gran parte de los clubes de Primera e Intermedia, pero no debe ser la norma, sino la excepción, protegiendo el sagrado derecho de los atletas de recibir en tiempo y forma su dinero, para honrar el juego limpio en el fútbol en todos sus niveles.
